11 de octubre de 2009

La corrupción cerca al gobierno

El siguiente artículo es tomado de EL NUEVO SIGLO, hace una radiografía muy objetiva de la realidad que muchos nos negamos a ver.

CUATRO CASOS EMBLEMÁTICOS EN TRES SEMANAS


La corrupción cerca al Gobierno




El pasado 15 de septiembre se anunció la liquidación del DAS, luego de todo el grave episodio de las chuzadas. Tres días después se descubrió el cobro de sobornos en el Inco. Después se agrandó todo el escándalo de los subsidios del AIS y esta semana a la DNE le quitaron la administración de narcobienes

SI BIEN Colombia es un país cruzado por muchas tragedias, pocas tan graves, salvo el conflicto armado, como la de la corrupción.

Paradójicamente, las últimas tres semanas han sido propicias para evidenciar que pese a todos los esfuerzos legales, políticos e institucionales para erradicar este mal, no se ha podido erradicar en las instancias gubernamentales.

No se trata de una conclusión pesimista. El pasado 15 de septiembre se concretó el hecho que prueba la gravedad del escándalo de corrupción más graves durante el presente Gobierno: las interceptaciones ilegales de comunicaciones de magistrados, periodistas y dirigentes políticos perpetradas por personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Ese día, el director de la entidad confirmó lo que desde hace varios meses un buen sector de la opinión pública venía exigiendo: la liquidación del DAS y la creación de la nueva Agencia de Inteligencia del Estado colombiano.

“La nueva Agencia de Inteligencia tendrá como única misión producir la inteligencia y contrainteligencia que requiere el país y se establecerán los mecanismos respecto al servicio de extranjería; todo esto con el fin de garantizar la seguridad nacional y brindar absoluta confianza y transparencia a la ciudadanía y al mundo”, dijo Felipe Muñoz, director del ahora en proceso de extinción DAS.

Precisamente esta semana se radicó en el Congreso el proyecto de ley que busca darle facultades extraordinarias al Presidente de la República, para eliminar la actual estructura y crear la nueva Agencia de Inteligencia y otros aspectos generales.

Ya quedó definido que la estructura de la Interpol pasa a la Policía Nacional y que los servicios de protección a personajes también estarán a cargo de esa entidad y el Ministerio del Interior y de Justicia.
Sin embargo, con la liquidación del DAS no terminan los procesos penales que se siguen a cuatro ex directores y subdirectores, como tampoco las investigaciones en curso contra otros ex altos funcionarios.

Es más, la Fiscalía, al tiempo que reorganizó los procesos penales con el fin de blindarlos ante posibles nulidades posteriores, acusó a uno de los ex altos funcionarios del DAS de estar, presuntamente, involucrado en los hechos que determinaron el asesinato años atrás del periodista y humorista Jaime Garzón.

Sobornos en Inco

Un segundo caso de corrupción al interior del Gobierno nacional se conoció el pasado 21 de septiembre, cuando la Casa de Nariño admitió que había recibido información relacionada con actos de corrupción en el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y de un asesor del Ministerio de Transporte.

De inmediato ordenó la salida de varios altos funcionarios y el traslado de las denuncias a la Fiscalía y a la Procuraduría. Un día después se conoció que el caso tenía que ver con una cadena de sobornos que habían montado en esa entidad, con el fin de desviar, presuntamente, el proceso de una licitación para adjudicar la construcción, mantenimiento y operación del corredor férreo entre Chiriguaná (Cesar) y Villa Vieja (Huila). El costo del contrato era de $1,3 billones y tras el escándalo tuvo que ser suspendido hasta nueva orden.

Los audios de las llamadas interceptadas a los involucrados dejaron estupefacta a la opinión pública, por el tono descarado en que se hablaba de cómo repartir los más de mil millones de pesos que se le estarían pidiendo a un consorcio interesado en quedarse con el contrato.

El escándalo cobró la cabeza del director del Inco, Álvaro José Soto, así como de otros altos funcionarios. Las autoridades ya avanzan la judicialización de los presuntos responsables del ilícito y se prevé que la próxima semana podrían girarse las primeras órdenes de captura.

Paradójicamente el Inco ha sido una de las entidades que más dolores de cabeza le han dado al Gobierno, al punto que varios de sus directores han salido también en medio de escándalos, denuncias de anomalías y hasta de presuntos nexos con la parapolítica.

Feria de subsidios

Cuando no había terminado el eco de este escándalo, empezó a asomar uno peor. Denuncias periodísticas comenzaron a advertir que en el marco del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que maneja el Ministerio de Agricultura, se habían cometido graves irregularidades.

El primer indicio del escándalo se dio cuando semanas atrás se reveló que el hijo del senador Alirio Villamizar había recibido un subsidio no reembolsable de más de 400 millones de pesos para un proyecto agrícola en Santander por medio del programa AIS.

La sospecha radicaba en que el senador Villamizar tramitó un proyecto de ley que permitía entregar esos subsidios libres de impuestos. Y lo más grave aún es que congresista fue capturado hace pocas semanas, apenas días después de que en un allanamiento a su casa -en el marco de la investigación por la feria de Notarías que el Gobierno habría realizado para compensar a quienes apoyaron la primera reelección- se le encontraron mil millones de pesos en efectivo.

Al principio se creía que el caso llegaba hasta ahí, pero en cuestión de pocas semanas la prensa empezó a indagar sobre el manejo de los subsidios del AIS y poco a poco se reveló un escándalo de mayores proporciones, al encontrarse que miles de millones de pesos fueron entregados a familias prestigiosas y clanes políticos del Magdalena y Sucre, e incluso a una ex reina de belleza. De inmediato se prendieron las alarmas y la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría iniciaron sendas investigaciones.

Aunque tanto el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, como el actual titular de esa cartera defendieron la legalidad del procedimiento de asignación de estos subsidios no reembolsables, la cuestión se complicó aún más esta semana cuando la revista Cambio reveló que esas familias del Magdalena fraccionaron sus fincas con el objetivo de obtener no uno, sino varias subsidios para distintos integrantes. Al final la suma entregada sólo a cuatro clanes fue cercana a los 25 mil millones.

Ante la gravedad del escándalo, al presidente Uribe, que al principio defendió la forma en que se entregaban los subsidios del AIS, no le quedó alternativa distinta a aceptar que en el proceso hubo “trampas” de las familias que fraccionaron las fincas y ordenó al Ministerio emprender todas las acciones legales y extrajudiciales con el fin de recuperar esos dineros.

Sin duda alguna, se trata del escándalo más grave en el sector agro en los últimos tiempos, porque quedó en evidencia que esas familias del Magdalena, varias de las cuales financiaron las campañas del presidente Uribe en 2002 y 2006, se hicieron a subsidios estatales sin contraprestación alguna, y gracias a evidentes falencias de los controles –incluso se investigan presuntas redes de corrupción- en el Ministerio y el Instituto Interamericano de Colaboración para la Agricultura, que actuaba como evaluador de los proyectos.

Como era previsible, al Gobierno le tocó ordenar la congelación de todo este programa de subsidios, tanto el proceso de entrega de los ya otorgados, como la adjudicación de los que estaban en estudio.

Golpe a DNE

Y como si todo lo anterior fuera poco, esta semana también se concretó la última medida gubernamental para ponerle fin a las anomalías en la entidad que, en palabras del propio Presidente de la República, más dolores de cabeza le produce al Ejecutivo: la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Como se sabe, esta institución se encuentra en el ojo del huracán desde hace bastante tiempo debido a los múltiples escándalos de corrupción que se han denunciado en lo relativo a la administración de los más de 73 mil bienes muebles e inmuebles incautados al narcotráfico, la guerrilla y otras organizaciones delincuenciales.

El último de esos escándalos involucró al propio director de la entidad, que se vio obligado a interponer denuncia penal contra su padre, al descubrirse que éste estaba, al parecer, negociando la adjudicación a particulares de bienes administrados por la Dirección.

Al avanzar esta semana el proceso de reestructuración al que viene siendo sometida, la DNE comenzó la entrega de los bienes que venían siendo administrados por la entidad, a la recientemente creada Sociedad de Activos Especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La idea es que esta sociedad se encargue de la administración y venta de los bienes incautados y con extinción de dominio, para que de esta manera la DNE se convierta en la coordinadora de la política antidroga del país.

A la par de ese traslado de funciones, el Gobierno insistió en que la DNE debía mantener un trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de inteligencia y de Policía Judicial, para apoyar las medidas necesarias para investigar y judicializar a las personas que han sido objeto de denuncias en relación con actos de corrupción en esa entidad.

“El resultado será dado a conocer a la opinión pública, una vez los entes investigadores hayan procedido a la judicialización correspondiente”, precisó el Ministerio de Interior y Justicia esta semana.

Ocho billones

Como se ve, las últimas tres semanas no han sido las mejores para el Gobierno nacional, pues los escándalos de corrupción o medidas tomadas para hacerles frente han estado a la orden del día.

La cuestión es muy grave. El propio zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, advertía esta semana que, en general, en Colombia la corrupción se llevaba por lo menos ocho billones de pesos al año.

Al mismo tiempo la Procuraduría revelaba que mensualmente recibe más de mil quejas, la mayoría de ellas por razones de corrupción y que a al 1 de septiembre del presente año, se registran 37.533 procesos disciplinarios, en los que hay 48.766 personas implicadas, más de 30 gobernadores, 818 alcaldes y 327 concejos municipales investigados.

Y como si fuera poco, una encuesta realizada a empresarios en relación con la financiación a campañas políticas, reveló que el 15 por ciento de los encuestados esperaba algún tipo de contraprestación por sus aportes a los candidatos. Incluso, buena parte de los indagados no dudaron en confirmar que dar dineros a las campañas políticas era sinónimo de “práctica de corrupción”.

Como se ve, en un país en donde hablar de “hecatombes” se convirtió en algo muy común, sin duda alguna la corrupción tiene todos los récord para estar arriba de esa lista fatal.


Tomado de: http://www.elnuevosiglo.com.co

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